Abordando la Conflictividad Social

La conflictividad social en Guatemala se ha convertido en un factor que afecta al conjunto del país, en su presente y futuro.

Aunque ha sido un fenómeno presente a lo largo de la historia de Guatemala, es un hecho que durante el período del 2012 al 2018, se cuadruplicó y se extendió territorialmente.

Las causas de los conflictos han sido diversas y han tenido como característica común la falta de capacidad del Estado para atenderlos adecuadamente y resolverlos de manera sostenida a través de políticas públicas dotadas de recursos.

En algunos casos, la intensidad ha sido tan alta, que la conflictividad se ha expresado con elevados niveles de violencia, ingobernabilidad e inestabilidad jurídica, lo que provoca efectos negativos en la economía, que a su vez, repercuten en toda la población y no solo en los directamente involucrados en el conflicto.

Las acciones de inconformidad social son expresiones de descontento de la población, generadas por problemáticas particulares, que pueden ser espontáneas o planificadas.

Cuando una inconformidad continúa manifestándose y no es atendida de manera pertinente por las Partes involucradas, se complican las causas que dieron origen y se inicia un proceso en el que esta se transforma en un conflicto que deriva en acciones de conflictividad social más frecuentes, con diferentes grados de intensidad, pueden escalar de pacíficas a violentas y pueden estar dentro o fuera de los márgenes legales del país.

El conflicto puede ser multicausal, multidimensional y aumentar con ello la complejidad de su origen, expresión, intensidad, magnitud y profundizar la diversidad de las relaciones e interrelaciones de los actores involucrados directa e indirectamente.

Si bien algunos conflictos tienen raíces estructurales, en algunos casos, se relacionan con problemáticas coyunturales lo que implica abordajes diferenciados y una capacidad adecuada del Estado para atenderlos.

Resolver la conflictividad social en Guatemala, pasa por comprenderla a cabalidad, para lo que deben existir parámetros que permitan interpretar su comportamiento a lo largo del tiempo, no solamente como un ejercicio académico, sino como uno que permita tomar decisiones de política para transformarla. De hecho, para AYSSA la realización de este tipo de estudios se suma y da soporte a su actividad práctica principal que es la gestión integral de las problemáticas conflictivas en los territorios.

Acuerdos y Soluciones le ha dado seguimiento sistemático a la conflictividad social a partir del 2012, luego de definir el marco de trabajo y las razones por las cuales nos interesaba la temática, no solamente como un fenómeno sociopolítico, cultural y ambiental sino como uno que impacta en la economía a nivel micro y macroeconómico. De esa cuenta, en la búsqueda de objetividad y validez científica de los datos que dan cuenta de la realidad de lo que acontece en Guatemala, es que diseñamos el Índice de Conflictividad Social, un Modelo de Regresión Múltiple que permite medir dimensiones como la frecuencia, la magnitud, la causalidad, los actores y la intensidad de la conflictividad social.

Lo que buscábamos era contar con una herramienta que nos permitiera comprender de mejor manera lo que sucede en el país y establecer una métrica que nos permita compararla y constituirse en un soporte para el análisis. Esta herramienta puede tener utilidad para que el conjunto de actores la pueda utilizar para su análisis, toma de decisiones y para que todos le pongamos atención a la conflictividad social y no siga viéndose como parte de la inercia en la que vivimos o como algo que no nos afecta a quienes no estamos involucrados directamente.

El Índice de Conflictividad Social nos permite medir con objetividad los aspectos cuantitativos y cualitativos relacionados con los conflictos, nos permite identificar las áreas donde se expresa más la conflictividad y la intensidad de esta, lo que puede contribuir a generar procesos de construcción y mejoramiento de las políticas públicas encaminadas a resolver las problemáticas que provocan la conflictividad social de una forma sostenida e integral.

Por otro lado, nos planteamos que era necesario contar con otra herramienta que contribuyera a completar el análisis de la conflictividad social, solamente que esta fuera desde una perspectiva económica para cuantificar lo que significa la conflictividad social en el país y evidenciar que todos salimos afectados cuando esta no se aborda de forma adecuada ni se busca resolverla de forma sostenida e integral.

En el apartado metodológico de la exposición se explicará el modelo construido; sin embargo, es importante indicar que los costos económicos de la conflictividad representan un monto significativo para el país y deberían de ser considerados no sólo para la calificación de riesgo país, sino en términos de las cuentas nacionales y el presupuesto.

El costo de la conflictividad social acumulada en los últimos años en Guatemala, representa el equivalente al 6% del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala para el 2019.

De mantenerse ese comportamiento, los avances en materia de desarrollo serán aún más escasos y la conflictividad social se agravará aún más, profundizándose el círculo vicioso expresado en la constante: acciones de conflictividad social – mesas de diálogo – medidas cortoplacistas no integrales – acciones de conflictividad social más prolongadas y/o con escaladas de violencia – pérdida de oportunidades para las personas y sus familias, para las comunidades, para las empresas, para el Estado y alejando cada vez más, la posibilidad de explorar las inversiones mixtas: Estado – empresas – comunidades.

Los resultados de los estudios del Índice de Conflictividad y del Costo de la Conflictividad Social 2014-2018 constituyen un aporte de AYSSA para la sociedad guatemalteca, a fin de que se comprenda el impacto directo e indirecto de la conflictividad social. Además de contribuir al impulso de procesos que permitan la creación de un círculo virtuoso orientado al desarrollo a través, del ejercicio responsable del diálogo, la negociación y los acuerdos serios, viables y sostenibles en el tiempo dentro del marco legal del país.

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