Aumentan las demandas de la población contra la inseguridad y violencia
La segunda semana de noviembre se caracterizó por la consolidación de la tendencia social a accionar por cinco problemáticas globales:
- En la Ciudad Capital y en Santa Cruz del Quiché, persisten las réplicas del movimiento que exige la renuncia del actual presidente y -adicionalmente- la renuncia de los 8 diputados de Quiché con diversos señalamientos (miembros de las bancadas UNE, FCN, Acción Ciudadana, Reformador y un independiente). La problemática generó el 25% de las Acciones de Inconformidad Social (AIS).
Las demandas continúan vociferándose periódicamente por organizaciones sociales politizadas, desde las indígena-campesinas, hasta las que integran la organización sindical y universitaria: Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), Comité de Unidad Campesina (CUC), Comité de Campesino del Altiplano (CCDA), Asamblea Social y Popular (ASP); y la Asociación de Estudiantes de la USAC (AEU).
La agenda de estas organizaciones políticas sostendrá esta tendencia de concentrarse en promover la deslegitimación y desgaste de funcionarios del actual gobierno y legislatura, así como el diseño de las “reglas del juego” para el acceso a cuotas de poder público (promoción de reformas electorales y del sector justicia). Otra demanda de alto protagonismo en el cese de los desalojos en Petén, Izabal y Alta Verapaz.
- La criminalidad es un hecho permanente a nivel nacional, y en los últimos meses del año comienzan a aumentar los hechos violentos, especialmente aquellos relacionados a las extorsiones y asaltos. Según un estudio del GAM (2016) Guatemala registra una media de 22 denuncias diarias por el delito de extorsión, mientras que las sentencias por estos delitos no alcanzan una diaria. Otro tipo de delitos de carácter sistemático, también quedan limitados a la capacidad de las instituciones de seguridad y justicia de producir soluciones y garantizar la seguridad de los habitantes del país.
El 19% de las Acciones de Inconformidad Social (AIS) de esta semana, fueron ejecutadas por los habitantes y empresas privadas que demandaban seguridad ante extorsiones y acciones violentas en su contra en el interior del país. Destaca el caso de la empresa Movistar y el caso de comunidades de San Mateo Ixtatán (Huehuetenango), que fueron agredidas junto a agentes de la PNC y personal del proyecto hidroeléctrico de la empresa Energía y Renovación por grupos radicales violentos que rechazan y actúan en contra de la presencia de la PNC, Ejército, proyecto hidroeléctrico, cualquier otro tipo de proyecto productivo en el área y contra su propia población.
En tanto a expresiones de inconformidad social violentas, esta semana ocuparon un 13% del total de AIS. En este año la tendencia es de 4 acciones violentas por mes. Su aumento depende de la capacidad y coordinación de los entes de seguridad y justicia para responder y prevenir estas acciones.
- Las AIS relacionadas a las inversiones del sector eléctrico continúan manifestándose en estas últimas semanas del año 2017.
Como se mencionó anteriormente, persisten las acciones violentas contra todo aquello relacionado con proyectos hidroeléctricos en zonas de escasa o nula presencia del Estado (no limitada a cuerpos de seguridad y justicia) cooptadas por grupos armados e ilícitos. Las acciones violentas en San Mateo Ixtatán representan el 50% de las acciones en contra del sector eléctrico esta semana. Otras acciones consistieron en respuestas mediáticas a las agresiones, desde comunicados hasta una conferencia de prensa demandando seguridad, justicia y desarrollo -por parte de los habitantes del área- y por su parte, el sector empresarial afectado.
Por otro lado, acciones no violentas (de carácter legal) fueron desarrolladas por organizaciones que rechazan el paso de las torres de transmisión de electricidad de la compañía TRECSA en Palín (Escuintla).
- En el ámbito judicial y legal, continúa la pugna por la permanencia y funcionamiento de la Minera San Rafael en Santa Rosa; esta semana se realizó una movilización para demandar la cancelación de las licencias mineras a la Corte de Constitucionalidad.
A pesar de haber reducido la intensidad de su estrategia mediática, continúan las acciones de resistencia y oposición (campañas mediáticas, respaldos políticos internacionales, protestas, plantones, acciones legales), así como las acciones de apoyo (campañas mediáticas y acciones legales). La polarización y sensibilidad al respecto de la actividad minera se ha convertido en un factor crítico para las grandes inversiones en el país.
- Finalmente, persisten las AIS relacionadas a insatisfacción de necesidades básicas: la escasez de agua y aumento de tarifas en Quetzaltenango produjo manifestaciones. Mientras tanto, la ausencia de vías seguras de tránsito peatonal en ese mismo municipio generó inconformidad entre sus habitantes -un rasgo común a nivel nacional.
A diferencia del año 2016, las demandas continúan dirigiéndose hacia el organismo Ejecutivo. Las dos primeras semanas del mes de noviembre del año 2016 estuvieron preñadas de Acciones de Inconformidad Social (AIS) que exigían asignaciones y aumentos en el proyecto de presupuesto 2017, concentrando el flujo de demandas sociales hacia el Legislativo. Este año, la discusión social sobre el diseño del presupuesto 2017 es opacado por el desprestigio político y el aumento de la criminalidad, y el flujo de demandas sociales dirigidas hacia el Legislativo muestra una tendencia más reducida en comparación de los años 2016 y 2015.
