Del 1 al 15 de mayo se generaron un total de 21 ACS generadas por 9 actores relacionadas a 8 demandas diferentes, con una movilización aproximada de 440 personas. Las principales acciones estuvieron relacionadas con la crisis COVID-19, servicio eléctrico, minería metálica y conflictos municipales. 

Se registraron acciones en 11 de los 22 departamentos. Los departamentos con mayor registro de acciones fueron Guatemala, Sololá, Suchitepéquez, Chiquimula y Huehuetenango. 

La intensidad de las acciones fueron 6 legales y 15 ilegales. 

Se registraron 13 acciones relacionadas a la crisis COVID-19 siendo la principal demanda las solicitud de apoyo económico a diferentes sectores que se han visto vulnerados por las medidas de distanciamiento social y el cierre de comercios. Cada vez más se vuelven más frecuentes las demandas de apoyo, sin embargo, el gobierno ya puso en marcha 10 programas de asistencia económica para los sectores más afectados. En la medida en que el gobierno logré desarrollar cada programa se verá reflejado en la disminución de estas demandas. También se puede destacar el bloqueo de carretera en Sololá derivado del cierre total del país. Este bloqueo fue realizado por agricultores ante la inconformidad de no poder transitar y comercializar sus productos. Un punto fundamental para tomar en cuenta en relación a la conflictividad social es encontrar un equilibrio entre el aspecto económico y las medida sanitarias, ya que la afectación de la economía fácilmente se traduce en inconformidad social y por la otra parte se debe mantener estabilidad en la cantidad de contagios. 

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