La conflictividad social y su impacto en la gobernabilidad en Guatemala
Por Mildred López
La mera existencia de conflictos no constituye un problema en sí mismo, ya que estos resultan convirtiéndose en áreas de oportunidad para mejorar, cambiar, transformar, innovar y crear ya sea procesos, nuevos productos y servicios, establecer nuevos parámetros de relaciones familiares, empresariales, laborales, gubernamentales, diplomáticas y comunitarias, entre otros que permiten crecer y establecer relaciones armoniosas que beneficien a todos.
Lograr lo anterior, requiere que exista buena voluntad de dialogar de las partes que mostraron desacuerdos y buscar de forma propositiva las mejores alternativas para transformar las situaciones que dieron origen al conflicto. Se dice fácil, pero resulta complejo en algunos momentos, ya que existen multiplicidad de intereses que no siempre se dan a conocer de forma oportuna y eso, a veces, dificulta el avance en identificar de manera clara la problemática que origina el conflicto y sus posibles soluciones.
Cuando no se logra encontrar soluciones de beneficio para todos entre las partes que enfrentan los desacuerdos de diferente naturaleza y no se explicitan adecuadamente los verdaderos intereses que requieren satisfacerse por diversos grupos sociales y se va convirtiendo en una situación permanente de inconformidad que transciende períodos de gobierno, que va escalando de pacífico a violento, pasando por la afectación de terceros no involucrados y en donde se puede llegar a afectar la vida de las personas y los bienes públicos y/o privados, es cuando se trata de conflictividad social.
La conflictividad social en Guatemala ha tenido diferentes comportamientos a lo largo de su historia, los cuales han estado incididos entre otros factores, por las condiciones socioeconómicas, políticas, ambientales y culturales internas y por elementos internacionales que también impactan en su desarrollo.
Así en la historia contemporánea, se puede decir que la conflictividad social ha impactado en la administración pública; en las inversiones privadas; en la vida política; en las políticas públicas de: salud, educación, seguridad, empleo, saneamiento ambiental, en planificación territorial, en infraestructura productiva y pública; en servicios estratégicos como la energía, las telecomunicaciones y el acceso al agua; en el sector justicia; en la forma de legislar en el país; y en la institucionalidad precaria del Estado, haciendo más lento el proceso de construcción de la democracia, afectando la gobernabilidad y el desarrollo del país, incluso hasta llegar a generar focos y territorios de ingobernabilidad que para recuperarlos requerirán de estrategias más complejas, presupuestos más voluminosos y una institucionalidad y gestión sostenida en el tiempo.
