Durante las primeras dos semanas de enero se registraron un total de 69 acciones relacionadas con 16 demandas y más de 40 actores distintos, con una movilización aproximada de 8,185 personas.
Durante estas dos semanas se registraron acciones en 12 departamentos. En Guatemala se registraron 49 acciones entre manifestaciones y protestas mediáticas por el rechazo de gobierno, apoyo de gobierno, CICIG, carencias del MINEDUC, impuestos y transmisión de energía. En Quetzaltenango hubo 6 manifestaciones por el rechazo hacia el gobierno, falta de maestros, despidos de colaboradores estatales y mal estado de las carreteras. Izabal contabilizó 3 acciones por mal estado de las carreteras y minería no metálica. Huehuetenango tuvo 2 acciones por generación de energía y rechazo de gobierno. En Quiché hubo 2 acciones en la coyuntura preelectoral y falta de maestros. Petén registró una acción relacionada a desalojos por temas territoriales. Santa Rosa, Baja Verapaz, Totonicapán y Retalhuleu registraron una única manifestación relaciona al rechazo de las decisiones del gobierno. En San Marcos y Retalhuleu hubo un bloqueo por el mal estado de las carreteras.
Las acciones se dirigieron principalmente al organismo ejecutivo con el 69.75%, la CICIG con 18.84%, el sector empresarial 4.35%, la Corte de Constitucionalidad 2.90% y hacia los pobladores con 1.45%. El malestar social se vio expresado a través de protestas mediáticas con 43.48%, la manifestación con el 40.58%, el bloqueo de carretera con 8.70%, destrucción de infraestructura con 2.90%, toma de rehenes, enfrentamiento entre pobladores y piquetes con un 1.45% cada uno.
El incremento masivo de las AIS se debe, nuevamente, a las medidas adoptadas por el Gobierno hacia la CICIG. La intención del retiro de la CICIG por parte del organismo ejecutivo desencadenó el malestar social de las organizaciones antagónicas al presidente en el contexto de “la lucha contra la corrupción”. La finalización del convenio de la CICIG de manera unilateral dio paso a un enfrentamiento mediático sobre la legalidad o ilegalidad de las acciones tomadas por el gobierno. Las manifestaciones y las protestas mediáticas en rechazo a la decisión del presidente Morales fueron inmediatas, así como las medidas legales dirigidas a la Corte de Constitucionalidad para frenar la salida de la CICIG. Este ha sido el mismo guion antagónico durante los últimos años entre las organizaciones y el gobierno. Aunque hubo medidas de hecho por parte de las organizaciones, se pudo observar un debilitamiento y erosión de los movimientos sociales en comparación con el año 2015. En aquella coyuntura, las masivas manifestaciones en la plaza buscaban el retiro de un presidente, sin embargo, eso no ha logrado trascender a la coyuntura actual y ha habido una diseminación de esfuerzos e interés sobre la disparidad del gobierno-CICIG.
Actualmente, tras la salida de la CICIG y la resolución de la CC para su permanencia, se encuentra un ambiente sumamente polarizado con discursos confrontativos y una falsa dicotomía entre quienes apoyan la lucha contra la corrupción y sus detractores. Imperan opiniones superficiales sobre sobre la coyuntura actual y se están dejando asuntos políticos, económicos y sociales mucho más profundos, por un lado. Ni las organizaciones sociales ni el gobierno han puesto la atención necesaria sobre estos temas y los esfuerzos se están dirigiendo únicamente en una dirección. Esta crisis política ha abarcado mucha presencia mediática y es esperan repuntes de las AIS ante las respuestas del gobierno para frenar el funcionamiento y reingreso de la CICIG al país.
