Durante esta semana se registraron un total de 10 acciones en torno a 10 demandas, generadas por 4 actores, con una movilización aproximada de 485 personas.

Las acciones se generaron en 7 diferentes departamentos. El departamento de Guatemala concentró la mayor cantidad de demandas con 4 acciones relacionadas con el Corredor Interoceánico, la Ley de Reactivación Económica para el Café, líderes comunitarios y conflictividad energética. En Petén se registró una acción por conflictos electorales. En Chiquimula hubo una manifestación por un proyecto de generación de energía. El departamento de Solá registró una protesta mediática por un proyecto de agua asociado al lago de Atitlán. En Alta Verapaz hubo una manifestación por distribución de energía eléctrica. Por último, en Jutiapa se manifestaron por un proyecto de generación de energía.

Las acciones se dirigieron principalmente al sector empresarial con el 40%, derivado de la conflictividad energética; Seguido del organismo ejecutivo con el 20%, el Ministerio Público, Organismo legislativo y Judicial, los tres, con un 20% cada uno.

Las acciones más recurrentes para expresar la inconformidad social fue la protesta mediática con un 50%, la manifestación tuvo 30%, el plantón y la retención de personas cada una con 10%.

La conflictividad energética fue nuevamente el principal foco de acciones. Los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez, Jutiapa y Alta Verapaz fueron los que se manifestaron por el tema energético. Generación, transmisión y distribución de energía generaron acciones de inconformidad social. Actualmente la conflictividad energética es el segundo mayor generador del 2019 y el que más acciones violentas registra. El incremento de la violencia está estrechamente relacionado con la incapacidad del Estado para atender las situaciones en sus puntos críticos, y lo que desencadena conflictos mayores. Además, otra razón se relaciona con un fuerte interés económico por parte de los actores que están involucrados. Es ampliamente sabido que el cobro de energía eléctrica en el interior del país, ha sido una fuente de ingresos constantes para organizaciones sociales y los liderazgos locales.

Por otra parte, la generación de energía se relaciona al daño del medio ambiente y los efectos que estos tienen sobre las comunidades cercanas. Además, las comunidades expresan que no ha existido una consulta comunitaria que avale el desarrollo del proyecto. En este sentido, la transmisión de energía también ha sido señalada de no cumplir con las consultas comunitarias y actualmente el proyecto de TRECSA tiene un proceso legal que limitaría su desarrollo.

El antagonismo entre las comunidades y los proyectos de energía eléctrica, y su inadecuado desarrollo, se han tornado más conflictivos y estos se han trasladado al ámbito legal lo que paralizado algunos proyectos o están en riesgo de estarlo. Esto ha creado un estigma hacia este tipo de proyectos y ha afectado la imagen de inversiones del país, puesto que las garantías para la inversión se tornan débiles.

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