Durante estas semanas se contabilizaron un total de 13 acciones, alrededor de 9 demandas, generadas por 5 actores distintos, con un aproximado de 200 personas movilizadas.
Las acciones de inconformidad social se presentaron en 11 departamentos diferentes. El departamento de Guatemala registró 3 acciones generadas por el tema del agua, líderes comunitarios y municipales. En Huehuetenango hubo una acción relacionada al tema electoral. En el departamento de Petén se registró una protesta mediática por el tema de líderes comunitarios. En los departamentos de Zacapa, Retalhuleu y Quetzaltenango hubo una acción en vinculada a la distribución de energía. En Sacatepéquez se registró una manifestación por política internacional. Los departamentos de Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula y Escuintla registraron una acción cada uno por el tema de carreteras.
Las acciones se dirigieron principalmente al Organismo Legislativo con un 41%, seguido del sector municipal con 16% y el sector empresarial con 16%. Las acciones también se dirigieron en menor medida al gobierno de Nicaragua con un 8%, el Organismo Judicial con 8% y al Ministerio Público con 8%.
Las acciones más recurrentes durante estas semanas fueron los bloqueos de carretera con un 50%, el enfrentamiento entre pobladores con un 16% y la protesta mediática con un 16%. En menor medida hubo acciones de destrucción de infraestructura y piquete con un 8% cada una.
Nuevamente el tema de la Ley de Infraestructura Vial fue la que más acciones generó con un total de 4 acciones. Esto evidenció que el gobierno no atendió las demandas del Sindicato de Trabajadores Camineros, ya que bloquearon nuevamente distintos puntos del país para protestar en contra de esta ley. En la medida en que no se atiendan los intereses de este sector, la inconformidad social se seguirá manifestando y puede ir en escalada.
La conflictividad energética fue un foco de conflictividad de carácter violento. En los departamentos de Zacapa y Quetzaltenango hubo acciones de enfrentamientos y destrucción de infraestructura. Durante el 2019 la conflictividad energética se ha posicionado como la segunda mayor generadora acciones de inconformidad social. De igual forma, la mayor cantidad de acciones violentas están vinculadas a este tema. El 32% del total de las acciones de inconformidad social, relacionada a la conflictividad energética, son de carácter violento. A pesar de la latente conflictividad no ha habido respuestas concretas de parte del gobierno que reduzca la conflictividad, es más, las acciones en el municipio de Coatepeque han sido recurrentes y, con la de esta semana, ya suman 3 acciones en el área. Todas ellas de carácter violento.
La conflictividad energética ha venido en escalada y las reacciones estatales han sido débiles. Muchos de los intereses de las comunidades no son legítimos ni legales. Existen grupos violentos con intereses particulares y sin ninguna intención de dialogar para llegar a acuerdos y soluciones.
