Durante estas dos semana se registraron un total de 45 acciones de conflictividad social en torno a 17 requerimientos, generadas por 9 actores diferentes, con un aproximado de 1790 personas movilizadas.
Las acciones se generaron en 16 de los 22 departamentos del país. El departamento Guatemala fue el que más acciones registró con 20, las cuales se originaron por temas de corrupción, derechos laborales, educación, temas electorales, rechazo a la gestión gubernamental, infraestructura, legislación, líderes comunitarios, minería, salud y transmisión de energía. Quetzaltenango registró 5 acciones relacionadas con falta de servicio de agua, medio ambiente, minería no metálica y peticiones universitarias. En Izabal hubo 4 acciones en torno a minería, conflictos territoriales y peticiones universitarias. En Alta Verapaz hubo 3 acciones por falta de agua potable, líderes comunitarios y peticiones universitarias. En el departamento de Petén hubo 2 acciones en torno a temas electorales y peticiones universitarias. En Santa Rosa se registró una acción por rechazo de proyecto minero. En Chiquimula hubo una acción relacionada con líderes comunitarios. En los departamentos de San Marcos, Quiché, Suchitepéquez, Huehuetenango, Sacatepéquez, El Progreso, Totonicapán, Baja Verapaz y Chimaltenango se registró una acción por peticiones universitarias.
Estas dos semanas, las acciones se dirigieron principalmente hacia la Universidad de San Carlos, específicamente al Consejo Superior Universitario con un 31%, seguido de Organismo Ejecutivo con un 29%, el sector empresarial también se vio afectado con un 13%, las acciones también se dirigieron hacia la Corte de Constitucionalidad, las municipalidades y el Tribunal Supremo Electoral con un 6.67% cada una de las instituciones.
Las acciones que más se utilizaron para expresar las acciones de conflictividad social fueron las manifestaciones con un 33%, la protesta mediática con un 29%, el paro laboral con un 29%, el bloqueo de carretera con 7% y la quema de propiedad privada con un 2%.
