Están próximos a cumplirse los primeros cien días del nuevo gobierno y el humo comienza a disiparse, en particular al haber concluido la semana santa. Más allá de la resaca de la campaña electoral y el período de transición que culminó con la transmisión de mando que dejó mucha niebla en el entendimiento de lo que en realidad atraviesa el país, en Guatemala ha llegado al momento en que deben observarse las cosas con ojos más objetivos y en que las acciones deben reemplazar a los discursos posicionales de los actores.

Se extiende con celeridad la opinión de que, sin menoscabo de las investigaciones y posibles denuncias penales por presuntos actos de corrupción que aún deben ser fundamentados y demostrados, las nuevas autoridades gubernamentales tienen como imperativa la obligación de comenzar a realizar sus propias acciones, las que demuestren con hechos sus políticas de atención a las necesidades de la población y el país.

No hay que confundir deseos con realidades. El presente período se inició con el deseo de algunos actores de que la composición política del poder fuera distinta, con una hegemonía del partido ganador de las elecciones presidenciales. No obstante, en la medida en que las aguas bajan se hace más evidente cada día que el partido de gobierno no tiene una fuerza política suficiente en el país; que depende de una efímera alianza que se desdibuja con rapidez; que cuenta con una sola municipalidad en todo el país propia de su identidad partidaria; y que, ante esta situación, el gobierno se verá cada vez más obligado a generar acuerdos con distintos actores de la vida nacional. Las pasajeras expectativas y un importante apoyo internacional de incierta duración, no son suficientes para gobernar.

El loable interés manifestado por el gobierno por atraer nuevas inversiones para generar más empleos y bienestar, enfrentan desde ya el reto de la coherencia de políticas; de la gestión de sus aliados sociales y sus intereses y actuaciones pasadas; de acelerar su curva de aprendizaje de la gestión pública; de ser auténticamente abiertos al diálogo con todos los actores que tienen que ver con las decisiones de país, y no sólo con sus allegados más cercanos en pos de construir la unidad nacional.

La designación de gobernadores, complicada innecesariamente, producirá un primer pequeño desenlace en la correlación de fuerzas.

Una arena privilegiada de la disputa política comenzó a ser la conflictividad social y sus distintas acciones. Hay actores que ya comenzaron a manifestarse, en tanto que otros pretenden cobrar sus cuotas de intercambio de espacios institucionales que les prometieron a cambio de haber realizado los bloqueos de carreteras de octubre de 2023.

En cualquier caso, es deseable que en las nuevas autoridades y en todos los actores nacionales prive la sensatez, la madurez y la visión de país, indispensables hoy día para tomar ya en serio las riendas del urgente quehacer nacional para atender las necesidades de la población y los retos contemporáneos internacionales.

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