EDITORIAL / MARZO DE 2024
Dice el refrán que el ser humano es dueño de su silencio, pero esclavo de sus palabras. Ello aplica de forma multiplicada en la gestión pública, donde cada palabra expresada por una persona candidata a un cargo público y, más aún, por un gobernante, queda escrita en piedra y la población y la opinión pública quiere que se cumpla al pie de la letra. Y la exigencia es implacable.
El nuevo gobierno generó expectativas muy altas y de corto plazo, afincando sus promesas en una imagen de que sería un tornado que arrasara, apenas estrenándose, con la corrupción que, según su narrativa, estaba en todos los ámbitos y estamentos de la sociedad y del Estado. Y de manera específica, la piedra angular de ese propósito era la defenestración inmediata de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público.
Ese grado de especificidad de las expectativas generales requiere, como conditio sine qua non, un conocimiento muy preciso de la administración pública, de la normativa del conjunto del Estado, de los actores, de los tiempos que requieren los procesos, una auto-conciencia del poder con que realmente se cuenta y la identificación de en qué otros ámbitos, está distribuido el poder en el país.
Por ahora transcurre el primer capítulo del recurrente guion de cada nuevo gobierno, que consiste en responsabilizar a las autoridades anteriores. Pero el tiempo político transcurre aceleradamente y más pronto que tarde la opinión pública reclamará acciones correctivas o nuevas, más que señalamientos.
En la perspectiva de la necesidad de que el nuevo gobierno se estabilice y consolide, el país encuentre rumbo y certeza y se esclarezca el mapa político de los focos de poder que inciden realmente en la toma de decisiones, se hace apremiante pasar de las expectativas a las acciones concretas.
Es necesario mantener siempre presente que el quehacer del Estado está orientado al bien común; que la misión de un gobernante es procurar y gestionar la unidad nacional, lo que en términos prácticos significa no alentar la confrontación y gestionar acuerdos nacionales y no parcializados; y que todo gobierno será analizado por sus resultados prácticos y no por su retórica.
El escenario de que esto no suceda y no se gestione de esta manera será un incremento acelerado y sustancial de la conflictividad social y la ingobernabilidad, herencia nada deseable para cualquier gobierno que quiera tener la democracia como bandera real.
