Guatemala ha atravesado por diferentes tipos de crisis políticas, de las cuales ha salido lo mejor que ha podido cuando los actores que han intervenido y han priorizado el bien común sobre las posiciones sectoriales.
Eso es lo que se requiere ahora en el país, que los diferentes actores inconformes que han manifestado sus desacuerdos sobre distintos problemas y de las más diversas formas, lo hagan desde los intereses que tienen y no desde posiciones que, en lugar de contribuir a desenredar la madeja, hacen que los nudos sean más resistentes o se puedan romper.
La riqueza multicultural, plurilingüe, la capacidad de emprendimiento y de resiliencia que tienen los guatemaltecos, es admirada por otros países, además, por supuesto, de los paisajes y riqueza cultural al contar con varios sitios declarados como patrimonio cultural de la humanidad por UNESCO.
Esa riqueza diversa también es imperiosa que se refleje en la capacidad de dialogar, de escucharse, de proponer y encontrar rutas de salida para que los problemas que enfrentamos como sociedad, sean resueltos con la participación de todos los actores. Aunque es muy fácil decir que nos unamos todos y que juntos busquemos soluciones, en la práctica eso requiere de esfuerzos invaluables, de voluntad política, de participación activa y propositiva, de capacidad para escuchar, de empatía, y sobre todo de propuesta.
Los problemas que han sido señalados por los diferentes actores que han brindado declaraciones en estas jornadas de manifestaciones, bloqueos y concentraciones en más del 22% del territorio nacional pudieron tener un origen de carácter político al señalar, unos, que la democracia se pone en peligro porque se cuestiona e investiga al Tribunal Supremo Electoral, al Movimiento Semilla y porque existe una orden de Juez para cancelar la personería jurídica de dicho movimiento, sin siquiera haber agotado la investigación y ser escuchado y vencido en un juicio, como idealmente debería de ser todo proceso penal. O bien, resuelto en el marco de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Se pasó de lo político a lo jurídico y penal, aumentando el entuerto legal en el que el proceso electoral 2023 se ha visto inmerso desde sus inicios. Conforme avanza el tiempo y no se tienen respuestas en la línea esperada, se acude a lo social para que sea la población organizada y altamente politizada, la que, en sus primeros momentos de esta larga jornada de protestas, sea la que alce su voz.
Todo procedimiento o proceso legal tiene un espacio, un tiempo y un procedimiento a seguir, que, aunque no sea del agrado de todos, debe cumplirse, porque es parte de la separación de poderes y funciones que se tienen establecidos en las normas constitucionales y legales que hoy nos rigen y que han permitido desde 1985, avanzar en la construcción de la democracia de este país.
Mientras más se alarga el tiempo de respuestas, más posicionados se van poniendo los actores y más complicado se torna el panorama para iniciar el diálogo, porque cada actor quiere que el mismo se desarrolle en su propia cancha y sobre la base de las demandas o exigencias que cada uno tiene, olvidando que cada uno puede tener una visión de lo que acontece, que no es compartida por los demás y que no necesariamente es la única y verdadera visión sobre determinada problemática.
En el camino de las jornadas de manifestaciones y bloqueos de lo que va de octubre, los participantes han planteado problemáticas como: la forma de hacer política y la representación política; la que califican de corrupción en todos los ámbitos; la forma de hacer justicia y cómo se ejerce la investigación; han cuestionado las actuaciones de funcionarios y puesto en tela de duda la procedencia e intenciones con las que las realizan; han dicho que la situación económica es cada vez más precaria para miles de guatemaltecos por los bajos salarios, los altos precios de la canasta básica, la falta de carreteras, de salud precaria; del aumento del pasaje y la falta de solución al transporte colectivo; el incremento en los precios de los alquileres o de compra de viviendas; los bloqueos a los emprendimientos; los altos precios de los combustibles; la falta de oportunidades para miles de jóvenes; la saturación del tráfico y los problemas para transitar en el país y en la ciudad capital derivados de inadecuadas planificaciones, de construcción deficiente de carreteras y demás infraestructura, de falta de mantenimiento de esa infraestructura, de corrupción en la obra pública, sumado a los estragos provocados por las intensas lluvias; de falta de seguridad; y otros, los menos, buscando que sus procesos de investigación y judiciales no avancen para librarse de la justicia.
Así, una lista interminable de inconformidades de carácter social, económico, político, legal que se han sintetizado en el rechazo a la corrupción y la demanda de renuncia de tres funcionarios del ente investigador y uno responsable de impartir justicia. En este campo, es en donde se han posicionado los actores que creen que con la renuncia de estos funcionarios es como una varita mágica que resolverá todos los problemas, nada más alejado de la realidad.
Si en verdad se quiere un cambio rotundo para que no haya más corrupción y se avance hacia una democracia más consolidada, se requiere: aceptar que la renuncia no resuelve, por sí misma, los problemas; que los bloqueos y afectación de terceros incrementa la larga lista de inconformidades y aumenta las posibilidades de mayor deterioro económico y social; que es necesario anteponer el interés común y de todos los guatemaltecos a las posiciones e intereses sectoriales; que es necesario iniciar un diálogo multiactores con capacidad de decisión y voluntad real para encontrar soluciones en los diferentes ámbitos como el político, justicia, social, ambiental y económico; que demanda de un equipo facilitador nacional que apoye el proceso de búsqueda de soluciones; que se requieren observadores ecuánimes; y sobre todo de una ruta de cumplimiento y monitoreo que permita avanzar y evitar en lo posible caer en jornadas prolongadas de protesta y bloqueo que provocan desgastes innecesarios en la economía, en lo social, en lo legal, en lo emocional y un mayor deterioro de la política, lo político y la participación política.
Solo el diálogo y la negociación permitirán alcanzar acuerdos sostenibles para un mejor futuro como sociedad.
