Guatemala ha sido escenario en los últimos meses de momentos de gran algidez política, confrontación e incertidumbre sobre los resultados electorales y el cambio de gobierno. Ello provocó una verdadera guerra jurídica, amplios espacios mediáticos, participación de actores internacionales y despliegues de movilización social e indígena que desembocaron en bloqueos de carreteras por dos semanas, los que tuvieron un grave impacto global en la economía, y que golpeó desde comerciantes informales, hasta grandes industrias, pasando por una seria afectación a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Independientemente de la corrección y validez de las narrativas en disputa, hay que anotar que el país se ha deteriorado de manera notable y los ya grandes retos que debería asumir el próximo gobierno, se vieron acrecentados a lo largo del segundo semestre de 2023.
Dentro de esos varios retos el principal es la reconstrucción de la gobernabilidad, cuyo entorno alrededor de la fecha de toma de posesión está caracterizado por una polarización, confrontación y fragmentación de la sociedad.
El nuevo gobierno tomará posesión en un entorno adverso compuesto por un Congreso hostil en el cual sus diputados son parte de las minorías; por un Ministerio Público con el cual se encuentra en guerra abierta; por una Corte Suprema de Justicia provisional para pocos meses, de la que no es dable esperar una actitud beligerante; una Corte de Constitucionalidad que ha marcado distancia con los demás órganos del Estado.
En fechas muy recientes, luego de haber sido anunciado oficialmente la composición del gabinete ministerial del nuevo gobierno, la alianza sostenida en los últimos meses de 2023 con organizaciones indígenas ha comenzado a fisurarse antes de la toma de posesión. El reclamo expresado por los 48 Cantones de Totonicapán y una alcaldía indígena de Nebaj se sintetiza en la frase: “Estamos contra la corrupción, pero también contra la exclusión”. De esta afirmación se desprende, a posteriori, la posible transacción política entre apoyo al gobierno electo en las calles y carreteras, a cambio cuando menos de cargos públicos importantes, lo cual, al parecer, no se cumplió.
Mucho ha sido dicho sobre el curso diario de los polémicos acontecimientos, pero casi nada ha sido mencionado o analizado sobre “el día después” de que el gobierno electo asuma. Es importante fijar allí la mirada, desde el deseo genuino de que Guatemala pueda remontar las dificultades acumuladas y las actuales, y lograr una gestión nacional en favor del bien común, la gobernabilidad, la paz social y el desarrollo económico incluyente.
Ningún gobierno en solitario puede acometer semejante tarea. Necesita, de manera indispensable, de entendimientos, convergencias y alianzas en favor del bien común, para hacer viable su gestión y sus responsabilidades. Necesita afincar sus relaciones con actores constructivos enfocados en soluciones, en vez de acentuar la confrontación y la polarización. Esa es la verdadera misión de unidad nacional.
En el ADN de AYSSA se encuentra la búsqueda constante de acuerdos y soluciones a los problemas y, en ese marco, aportaremos lo que corresponde en esta nueva etapa del país a una empresa guatemalteca comprometida con el bien común, la paz social y el desarrollo económico.
