El segundo semestre de 2023 en Guatemala estuvo marcado por muchos sobresaltos, confrontaciones y algidez social y política a raíz de un proceso electoral y una transición muy controversial. El horizonte de mira estaba puesto a nivel nacional e internacional en si se produciría la transmisión presidencial de mando, la cual finalmente se llevó a cabo a pesar de polémicas y significativos atrasos en los actos protocolarios. Bernardo Arévalo juró como Presidente Constitucional de la República de Guatemala en los primeros minutos del 15 de enero de 2024.
Aun cuando la transmisión de mando no era un acto mágico en donde todo se colocaba automáticamente en su sitio y, como era de esperarse, se han producido episodios altisonantes de lucha política en búsqueda de configurar un mapa político favorable a los intereses de los principales actores, las expectativas nacionales se movieron de inmediato hacia la espera de las acciones que tomaría el gobierno entrante.
Más allá de las anécdotas y el análisis, debe decirse que habiendo tomado posesión las autoridades gubernamentales nuevas, ahora ya no les corresponde sólo el derecho de ejercer el gobierno, sino la responsabilidad de desempeñar sus funciones con eficacia, eficiencia, legalidad y hacer realidad los resultados que fueron ofrecidos en campaña electoral.
Les corresponde ahora actuar conforme a la Constitución y a la ley, y en particular, en cumplimiento de los mandatos legales correspondientes al Organismo Ejecutivo, en el marco de la separación de poderes propia del sistema republicano y democrático de gobierno.
Aunque es entendible que aún se arrastre la polémica inconclusa entre el nuevo gobierno y el Ministerio Público o bien se repita el libreto propio de cada período de cambio de gobierno de responsabilizar a los anteriores de los problemas del país, es preciso que las nuevas autoridades se enfoquen en la atención a lo que les toca hacer para presentar resultados propios.
La opinión popular es implacable e impaciente y pide a cada quien que responda por lo propio, sobre todo en las actuales circunstancias en las que las expectativas generadas en los resultados electorales son significativamente altas y de corto plazo.
Buena parte del país, en especial los actores estratégicos, han permanecido todo el mes de enero en una especie de pausa expectante, justamente a la espera de la dirección que tomarán las acciones concretas del nuevo gobierno. La campaña electoral terminó y la actuación de las autoridades debe mutar hacia una nueva identidad de gestores de la cosa pública, constructores de la unidad nacional, del desarrollo y del bienestar de la población. No sobra decir que no compete a cualquier autoridad alimentar la confrontación, la división y la inestabilidad.
En fila aparecen aspectos cruciales por esclarecerse a raíz de las actuaciones concretas que el nuevo gobierno implemente: el respeto entre organismos del Estado a la vez que la colaboración entre estos; la complementariedad entre autoridades y sector privado para empujar la economía; la inclusión social, a la vez que la gobernabilidad y el buen manejo de la conflictividad social; la independencia de decisiones; y la necesaria construcción de acuerdos nacionales que hagan factible la gobernabilidad en el país.
