Editorial
Octubre de 2025
La cotidianeidad y la lucha por la sobrevivencia en Guatemala cobran muchas víctimas entre todos los segmentos de la sociedad. Se han llegado a constituir en una cortina de humo que impide o dificulta ver el conjunto de hacia dónde va el país, las implicaciones de lo que sucede día a día, y sobre todo las implicaciones de los acontecimientos que se aproximan entre 2026 y 2027 a nivel nacional. La actual dinámica de ”sálvese quien pueda” provoca un aislamiento respecto de lo que sucede alrededor.
Justamente por esa situación reinante, es importante hacer un importante recordatorio acerca de que las elecciones generales de 2027 – hacia las cuales algunos han dirigido de manera ingenua la expectativa de un esperado cambio en la conducción gubernamental-, estarán antecedidas por cambios en seis instituciones del Estado. Estos cambios en las titularidades van a configurar, con antelación, el contexto en el cual se realizará el evento eleccionario.
Los relevos a lo largo de 2026 se producirán en el Tribunal Supremo Electoral (que dirigirá las elecciones de 2027 y 2031), en la Corte de Constitucionalidad, en el Ministerio Público, en la Contraloría General de Cuentas, en el Banco de Guatemala y en la rectoría de la Universidad de San Carlos, universidad que tiene presencia en sesenta y cinco espacios institucionales del Estado guatemalteco.
Estos procesos de cambio se producirán en un contexto polarizado y confrontativo, en donde la inercia actual conduce a que cada uno de los extremos del péndulo buscaría imponerse al otro por la vía de la descalificación, el enfrentamiento y, muy probablemente, mediante métodos heterodoxos y vínculos con expresiones del crimen organizado.
El más grande deber ciudadano en este momento es contribuir activamente a recuperar el equilibrio de conjunto que el Estado está llamado a brindar a sus habitantes. La forma de lograrlo es promover alternativas no polarizantes y que se mantengan en los marcos legales correspondientes a cada institución bajo el principio constitucional del bien común. El propio gobierno tiene la obligación de abstenerse de ser uno de los factores de alimentación de la descalificación, la polarización y el enfrentamiento como lo sigue haciendo. A pesar del apremio de la sobrevivencia, de la cotidianeidad y del ímpetu empresarial de hacer negocios intentando eludir la situación política, quedarse como meros espectadores para lamentarse después no debería ser opción. El futuro nos alcanzó y hay que construirlo con responsabilidad.
